Tahdziú, Yucatán; 27 de agosto de 2018 (ACOM).- Un grupo de aproximadamente quince inconformes, en su mayoría padres de familia con hijos menores, prendió fuego a la casa y destrozó por completo las escasas pertenencias de la familia del presunto feminicida de la menor A.C.G.C.

El hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde de ayer, justo al término de la protesta para exigir justicia para la pequeña de seis años, quien fue hallada muerta y con rastros de violencia sexual en un pozo de más de 30 metros de profundidad el martes pasado.

Como medida de autoprotección y para evitar ser acusados de vandalismo y daño en propiedad ajena, los involucrados no permitieron que la prensa se acercara al domicilio durante el acto.

Los destrozos se realizaron en señal de protesta y circunscritos a la tradición y costumbre de esta comunidad maya del sur de Yucatán de ejercer justicia.

Con esa justificación, incendiaron un cuarto y una cocina de paja, así como dos recámaras hechas de material que la familia de C.F.V.Y. había construido.

Tal y como informamos ayer, poco más de cien personas se sumaron a la marcha pacífica en repudio a los lamentables hechos de la semana pasada.

Los manifestantes llegaron al palacio municipal para hablar con el alcalde Pedro Yah Sabido, quien emitió, presionado por el pueblo, un “decreto” en el cual garantizaba la salida definitiva del municipio de la familia del presunto asesino, al tiempo de informar que esta abandonó la población desde las siete de la noche del sábado.

Cabe mencionar que el documento tuvo que modificarse en dos ocasiones por no cumplir las peticiones de los habitantes.

Al final, en el oficio firmado y sellado por él, Yah Sabido se comprometió a “vigilar” que los parientes de C.F.V.Y. no regresen a vivir a la comunidad y que los terrenos donde tenían su casa pasen a ser propiedad del Ayuntamiento.

Como se recordará, el presunto feminicida fue imputado y vinculado a proceso hace unos días y fue puesto en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el juicio. La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene como límite hasta el 24 de diciembre para terminar la investigación que permita tener datos de prueba que le permitan comprobar la participación del sujeto en el delito que se le acusa.